El pequeño pueblo de Valdenoceda, en el norte de la provincia de
Burgos, tiene 73 habitantes y un pequeño cementerio que esconde un terrible
pasado: cada vez que se excava una nueva tumba asoman los restos de uno o
varios esqueletos humanos sepultados allí hace más de seis décadas. Permanecen
enterrados a tan sólo un palmo de la superficie y corresponden a 153 personas,
antiguos presos republicanos que murieron allí de hambre y de frío en los años
posteriores a la Guerra Civil (1936-1939), encerrados en una antigua prisión a
orillas del río Ebro.
Juan María González Fernández de Mera era uno
de ellos. Murió el 14 de abril de 1941, justo 10 años después de la
proclamación de la II República y el día en el que cumplía 50 años. Dejó solos
a cuatro hijos y a una mujer analfabeta, como cuenta su nieto José María. Su
delito: "Adhesión a la rebelión" por ser el conserje de la Casa del
Pueblo de Ciudad Real, la manera del franquismo de negar su golpe de Estado
contra el Gobierno republicano acusando a los vencidos de "traición".
En
un tren de ganado
Juan María fue detenido al poco de terminar
la guerra y llevado a la prisión de Valdenoceda en un tren de ganado con
centenares de manchegos, de los que 62 perderían su vida a más de 400 kilómetros
de sus hogares junto a decenas de madrileños, vascos, andaluces, gallegos,
catalanes... Sus nombres, pero sobre todo el lugar y la forma en que murieron,
han permanecido olvidados durante décadas, hasta que el nieto de Juan María
comenzó a indagar.
"Mi padre hablaba muy poco sobre la
muerte de mi abuelo, era un tema prohibido en casa", dice José María
González, comercial de profesión y residente en Amorebieta (Vizcaya). Pero la
curiosidad pudo más. "Queríamos saber dónde había fallecido, y sobre todo
qué delito había cometido", cuenta. La pista llevó pronto, a él y a su
sobrino, hasta el juzgado de Valdenoceda. "Su nombre estaba en el registro
de defunción, pero nos llamó la atención que, como él, había decenas de
personas que murieron por las mismas causas: colitis epidémica o tuberculosis
pulmonar".
Algo estremeció a José María: "No había
ninguna tumba. A medida que morían, los enterraban en fosas comunes cerca del
cementerio, ya que el sacerdote de entonces no permitía que los rojos compartieran sus tumbas con sus
fieles". Estas tumbas, excavadas a toda prisa en un solar de unos 150
metros cuadrados, sin identificar y a tan sólo unos centímetros de la
superficie, permanecieron olvidadas hasta que, en 1989, el cementerio se
amplió, llegando a las antiguas fosas comunes. "Desde entonces, cada vez
que se entierra a un vecino aparecen los restos de algún preso. En la mayoría
de los casos simplemente se les enterraba encima, perdiéndose así la
posibilidad de recuperar algún día los restos", relata.
Para evitarlo acudió al Gobierno vasco. Desde
2002, un decreto permite a los ciudadanos residentes en el País Vasco a
solicitar los medios necesarios al Ejecutivo autonómico para rastrear, y en su
caso recuperar, los restos de familiares ejecutados durante la Guerra Civil y
el franquismo. De esto se ocupa la Sociedad de Ciencias Aranzadi, cuyos
colaboradores llegaron a Valdenoceda el pasado mes de abril. Allí "vimos
muchos restos óseos entre la tierra movida y en la superficie que corren
peligro cada vez que se produce un nuevo enterramiento", dice Jimi
Jiménez, miembro de Aranzadi.
 |
| Banda de música del campo de prisioneros. |
Sus propuestas para salvaguardar los restos
son dos: o se impide la utilización del terreno como cementerio, dejando allí
los restos, o se procede a una "exhumación ordenada", recomienda la
asociación. Pero falta dinero. "Lo que queda es que los familiares sepan
dónde están enterrados", afirma José María, con la esperanza de que
"algún día se puedan identificar los restos y enterrarlos en sus ciudades
y pueblos". Para ello cuenta con la ayuda del alcalde, el socialista Ángel
Domingo Arce, quien garantiza que, mientras él sea alcalde, los restos no se
perderán. Por el momento, una piedra en el cementerio con los nombres de los
153 fallecidos les recuerda.
Cada 14 de abril celebramos un
homenaje", cuenta el regidor.Una ceremonia humilde a la que, la última
vez, acudió un grupo de 12 personas algunas de ellas procedentes de Francia y
de Canadá. Se trata de un pequeño logro que sabe a poco. Quedan muchas familias
aún por localizar. José María no se rinde. "Ya hemos encontrado a
18", dice, "pero no hemos hecho más que empezar".
Decenas de restos siguen sepultados en el
pequeño cementerio de la localidad burgalesa. Podrían ser de Eustasio Aparicio,
natural de Colmenar Viejo (Madrid), y fallecido el 29 de abril de 1941; o de
Alfonso de la Morena Prado, casado, natural de Aldea del Rey (Ciudad Real) y
fallecido el 18 de agosto de 1940; o de Domingo Fernández de Acuña, nacido en
Portugal y fallecido el 10 de febrero de 1942.
También había vascos, madrileños, aragoneses,
andaluces e incluso de la misma provincia de Burgos, como Pedro Anollo Baranda,
natural de Villarcayo, a pocos kilómetros de Valdenoceda, que murió en la
prisión el 12 de septiembre de 1941. La lista llega hasta el 20 de agosto de
1943, última fecha en la que falleció un preso en el penal: Marcelino Tejero
Domínguez, soltero y natural de Zorita, en la provincia de Cáceres.
Al menos ahora se sabe dónde están. "El
interés de una familia por saber qué pasó con su abuelo ha sido determinante",
asegura Jimi Jiménez. "Pasó a hacerse con un listado, y con el tiempo ha
ido localizando a familiares. Así ha ido surgiendo el todo". El resultado:
153 personas rescatadas del olvido.
Este artículo lo
escribí para El País hace casi una década. Se publicó el 19 de diciembre de
2005. Este es el enlace:
http://elpais.com/diario/2004/12/19/domingo/1103431959_850215.html
